«Este siglo tenía un año». Era un martes, y quienes lo vivieron de cerca o de lejos aún lo recuerdan como si fuera ayer. De pronto, en todas las pantallas del planeta, se vieron grandes volutas de humo elevándose de las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York. En el Sur Global, de Ciudad de México a Kuala Lumpur pasando por Nablus, la reacción de las poblaciones que constituyen la mayoría de la humanidad fue de júbilo, a veces público y ruidoso, a veces discreto e íntimo. La Gran Manzana vivía por fin un infierno hasta entonces reservado a los condenados de la tierra. En París, un niño nacido bajo la carpa de un campamento levantado por familias malienses en busca de vivienda frente al ayuntamiento del distrito XVIII había recibido el nombre de Osama, en honor a Bin Laden, identificado como el gran organizador de la operación. Ante esto, los bienpensantes del Primer Mundo proclamaban, junto con Jean-Marie Colombani: «Todos somos americanos» (editorial de Le Monde del 13 de septiembre de 2001)
Veinticinco años después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cabe preguntarse qué cambiaron realmente en el mundo y cuál es el verdadero alcance de sus consecuencias.
ÍNDICE
Lo que cambió el 11 de Septiembre
Consecuencias jurídicas y de seguridad
La Military Commissions Act
Consecuencias geopolíticas
Filiaciones con los genocidios y las guerras asimétricas
USS Maine, Pearl Harbor, el golfo de Tonkín, el 11-S: un mecanismo común
Palabras finales (provisionales)
Recuadros: Expediente Khalid Sheikh Mohammed y ¿Qué fue de los detenidos de Guantánamo?
Lo que cambió el 11 de Septiembre
El cambio más duradero afecta a la arquitectura jurídica y de seguridad construida en los meses siguientes a los atentados: la Patriot Act, la vigilancia masiva, la detención indefinida, los asesinatos selectivos, Guantánamo. El propio derecho internacional fue redefinido, con una ampliación del derecho a la legítima defensa del artículo 51 de la Carta de la ONU para cubrir ataques de actores no estatales, y la elaboración de la llamada doctrina del Estado anfitrión incapaz o poco dispuesto, que autoriza el uso de la fuerza en el territorio de un tercer Estado considerado incapaz o poco dispuesto a actuar contra una amenaza. Este orden jurídico sigue estructurando conflictos muy alejados del contexto de 2001.
Consecuencias jurídicas y de seguridad
● USA PATRIOT Act (octubre de 2001): ampliación considerable de los poderes de vigilancia e investigación de las agencias federales
● Creación del Department of Homeland Security (2002)
● Apertura del centro de detención de Guantánamo (enero de 2002) para internar allí a sospechosos capturados fuera del territorio usamericano, al margen del derecho común y, en parte, del derecho de la guerra
● Programa de «sitios negros» de la CIA y uso de técnicas de interrogatorio asimilables a la tortura (revelado en particular por el informe del Senado usamericano de 2014)
● Refuerzo masivo de la vigilancia electrónica, revelado más tarde por los documentos de Snowden (2013)
● Adopción de la Military Commissions Act (MCA)
La Military Commissions Act (MCA)
La MCA es una respuesta directa del Congreso y de la administración Bush a una importante derrota judicial. En su fallo sobre el caso Hamdan v. Rumsfeld (29 de junio de 2006), la Corte Suprema rechazó que el presidente pudiera crear comisiones militares por simple decreto, reconoció el derecho de los detenidos retenidos por Estados Unidos en Guantánamo a impugnar su detención ante los tribunales federales, y consideró que esas comisiones violaban tanto el Código Uniforme de Justicia Militar como los Convenios de Ginebra, en particular el artículo 3 común, que impone garantías mínimas de juicio justo incluso a los combatientes que no gozan del estatuto de prisionero de guerra. El fallo también estableció implícitamente que las técnicas de interrogatorio abusivas empleadas por la CIA violaban el derecho internacional y que los agentes de la CIA podían ser considerados penalmente responsables de esos abusos, lo que precipitó la voluntad de la administración de legislar rápidamente.
Adopción y contenido (2006)
El Congreso usamericano adoptó la Military Commissions Act el 28 de septiembre de 2006, promulgada por Bush el 17 de octubre de 2006. El texto va mucho más allá de la simple creación de tribunales militares: aborda el papel de los tribunales usamericanos en la protección de los derechos fundamentales de los detenidos, la aplicación de los Convenios de Ginebra en el derecho usamericano, y el enjuiciamiento penal de los abusos cometidos por funcionarios usamericanos. Human Rights Watch
Entre sus disposiciones más contestadas:
● Supresión del habeas corpus: impedía a los detenidos clasificados como combatientes enemigos, o en espera de una audiencia sobre ese estatuto, recurrir al habeas corpus para impugnar su detención ante los tribunales federales
● Excepción a las reglas ordinarias de la justicia militar: el texto autorizaba comisiones cuyos procedimientos se apartaban de las reglas clásicas del Código Uniforme de Justicia Militar, rechazando en particular el derecho a un juicio rápido y permitiendo que un juicio prosiguiera en ausencia del acusado
● Interpretación presidencial de los Convenios de Ginebra: el texto otorgaba al presidente la facultad de interpretar él mismo el alcance del artículo 3 común
● Admisibilidad de elementos obtenidos bajo coacción, bajo ciertas condiciones de fiabilidad, lo que fue uno de los puntos más criticados por las organizaciones de defensa de los derechos humanos
La invalidación parcial: Boumediene v. Bush (junio de 2008)
La disposición que impedía a los detenidos extranjeros designados como combatientes enemigos impugnar su detención ante los tribunales federales fue posteriormente impugnada con éxito en el caso Boumediene v. Bush, en el que la Corte Suprema falló en 2008 que suspendía de manera inconstitucional el derecho de habeas corpus. Pero, como señala el Center for Constitutional Rights, si bien Boumediene invalidó la disposición sobre el habeas corpus, varias de las disposiciones más problemáticas de la MCA siguieron en vigor, en particular las que regulan las reglas de prueba y el propio funcionamiento de las comisiones. Encyclopedia Britannica
Revisión de 2009
Bajo la administración Obama, una revisión (incorporada a la National Defense Authorization Act para 2010) restringió las reglas de admisibilidad de las pruebas obtenidas bajo coacción, reforzó los derechos de la defensa (acceso a un abogado, restricciones al recurso a testimonios de oídas) y modificó la terminología de «combatiente enemigo ilegal». Sin embargo, el marco institucional de las comisiones militares en sí mismo se mantuvo, y no fue sustituido por los tribunales federales ordinarios, contrariamente a lo que esperaban los defensores de los derechos humanos.
Vigencia hoy
Es precisamente en este marco jurídico, el de las comisiones militares instituidas por la MCA de 2006 y revisadas en 2009, donde todavía se desarrolla, un cuarto de siglo después de los hechos, el caso de Khalid Sheikh Mohammed y sus coacusados, cuyo juicio acaba de fijarse para el 5 de junio de 2028 [ver más abajo]. Las críticas de larga data sobre la admisibilidad de elementos potencialmente vinculados a la tortura, mencionadas antes a propósito del bloqueo del procedimiento, encuentran su origen directo en la arquitectura establecida por este texto.
Consecuencias geopolíticas
En el plano geopolítico, la respuesta usamericana se desplegó en dos oleadas. La primera se centró en la invasión de Afganistán y luego de Irak, y en la reformulación de los dispositivos de seguridad interior y fronteriza en todo el mundo. La segunda, tras las primaveras árabes y la aparición del Estado Islámico, combinó la expansión de las campañas militares en Oriente Medio con flujos migratorios masivos hacia Europa y Estados Unidos. El repunte político que siguió en Occidente (xenofobia, restricciones migratorias, auge de los populismos «transversales») es la réplica directa de esta segunda oleada.
La guerra iniciada en 2001 nunca se dio formalmente por concluida. Se fue extendiendo a medida que las tropas usamericanas invadían Afganistán y luego Irak en 2003, mientras las operaciones antiterroristas se propagaban por Oriente Medio, África y otros lugares. El costo humano sigue siendo considerable en ambos bandos: varios millones de muertos y desplazados en los países afectados, decenas de miles de soldados usamericanos muertos o marcados de por vida.
Para el mundo árabo-musulmán y, más ampliamente, para el Sur Global, el efecto más duradero no es quizás tal o cual guerra, sino la normalización de un vocabulario de la guerra contra el terrorismo retomado por numerosos Estados para justificar la represión de sus propios opositores. Esta transferencia ha alimentado, mucho más allá de Al Qaeda, una desconfianza persistente hacia el orden internacional dominado por Washington.
El escenario del choque de civilizaciones anunciado por algunos ya en 2001 no se materializó. El movimiento yihadista sobrevivió a sus fundadores, a su califato y a la mayoría de los pronósticos que anunciaban su desaparición, pero se desplazó hacia África en lugar de sostener una guerra de religión planetaria, y dejó de ser la prioridad organizadora de la política exterior de las grandes y medianas potencias. El mundo que ha surgido ha vuelto a ser, contrariamente a lo esperado en 2001, un mundo de rivalidades entre Estados: Estados Unidos, China, Rusia, India y diversas potencias regionales.
Filiaciones con los genocidios y las guerras asimétricas
Tres tipos de vínculos, de naturaleza distinta, unen el 11 de Septiembre con la violencia masiva de las dos últimas décadas.
Una filiación directa: Irak, el Estado Islámico, el genocidio yazidí.
La invasión de Irak en 2003, decidida en nombre de la guerra contra el terrorismo, provocó el colapso del Estado iraquí, la disolución de su ejército y la exclusión política de la minoría suní, caldo de cultivo de la insurgencia de la que nació Al Qaeda en Irak y luego el Estado Islámico (EI). En 2014, el EI llevó a cabo contra los yazidíes de Sinjar una campaña de exterminio, esclavitud sexual y desplazamiento forzado, formalmente reconocida como genocidio por una comisión de investigación de las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y varios parlamentos nacionales. La guerra iniciada en respuesta al 11 de Septiembre engendró aquí directamente, a través de una cadena de acontecimientos bastante rastreable, uno de los genocidios más documentados del siglo, perpetrado por uno de los actores no estatales nacidos del caos posterior a la invasión.
Una difusión de vocabulario y de permiso político.
Después de 2001, la etiqueta de la lucha antiterrorista se convirtió en un lenguaje disponible que varios Estados retomaron para legitimar represiones ya en germen o en curso contra minorías. China invocó explícitamente esta retórica para justificar el internamiento masivo de los uigures en Xinjiang, que Estados Unidos, Canadá y varios parlamentos han calificado de genocidio, algo que Pekín rechaza. Birmania presentó sus operaciones de 2016 y 2017 contra los rohinyás como una respuesta a ataques de tipo insurgente. En noviembre de 2019, Gambia, actuando con el apoyo de la Organización de Cooperación Islámica, presentó una demanda contra Birmania ante la Corte Internacional de Justicia en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Estados Unidos, por su parte, calificó formalmente esas atrocidades de genocidio en 2022. La Corte rechazó las objeciones de competencia de Birmania en 2022, celebró audiencias sobre el fondo en enero de 2026, y se espera que dicte su sentencia en el transcurso del año.
Un legado doctrinal directamente movilizado hoy: Gaza.
Desde 2001 se ha constituido un arsenal jurídico-militar: legítima defensa ampliada contra actores no estatales, doctrina del Estado anfitrión incapaz o poco dispuesto, asesinatos selectivos, guerra contra grupos entremezclados con poblaciones civiles. Israel vinculó explícitamente su conflicto con las facciones palestinas a este vocabulario desde los días posteriores al 11 de Septiembre, y este marco se moviliza directamente en el debate sobre Gaza en la actualidad. Sudáfrica presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia a finales de diciembre de 2023 en virtud de la Convención sobre el Genocidio. La Corte consideró en enero de 2024 plausible el derecho de los palestinos a ser protegidos de actos de genocidio y ordenó medidas provisionales. Israel impugna la competencia de la Corte y rechaza la calificación, presentándola como una operación de autodefensa contra una organización que califica de terrorista. El caso se encuentra en la fase de escritos, habiendo presentado Israel su contramemoria en marzo de 2026, con una réplica y una dúplica previstas hasta 2029, y no se espera un fallo sobre el fondo antes de varios años. Amnistía Internacional, varios relatores especiales de la ONU y una parte de los especialistas en derecho de los genocidios consideran que el umbral ya ha sido cruzado, incluso después del alto el fuego de octubre de 2025; Estados Unidos respalda la posición israelí en el procedimiento. Se trata de un litigio no resuelto. El hecho de que ambos bandos se enfrenten precisamente en el terreno conceptual forjado después de 2001 (legítima defensa contra un actor no estatal, umbral de la intención genocida, proporcionalidad en zonas urbanas densas) ilustra esta continuidad doctrinal.
La generalización de las guerras asimétricas.
Más allá de los casos calificados de genocidio, el 11 de Septiembre instauró como modelo dominante la guerra contra grupos armados no estatales fundidos «como peces en el agua» entre poblaciones civiles: Yemen, el Sahel, Somalia, Siria, Libia, Sudán. Este paradigma banalizó los ataques con drones, los daños colaterales y una lectura laxa del principio de distinción en el derecho humanitario, un debilitamiento de las protecciones civiles que varios juristas consideran una de las consecuencias más duraderas y menos comentadas de la era abierta en 2001.
USS Maine, Pearl Harbor, el golfo de Tonkín, el 11-S: un mecanismo común
Cada uno de estos cuatro episodios sirvió de detonante oficial para una decisión de guerra o de escalada mayor, tomada con urgencia y con un control político o parlamentario mínimo, sobre la base de un relato inicial que resultó ser incompleto o inexacto.
El USS Maine, buque de guerra usamericano hundido en 1898 en el puerto de La Habana, entonces bajo soberanía española, fue atribuido de inmediato por la prensa sensacionalista de Hearst y Pulitzer a una mina española, bajo el lema Remember the Maine. El Congreso votó la entrada en guerra contra España sobre esta base. Investigaciones técnicas posteriores, en particular la llevada a cabo bajo la autoridad del almirante Hyman Rickover en 1976, concluyeron que la explosión fue muy probablemente de origen accidental —un incendio en un pañol de carbón que alcanzó un depósito de municiones—, sin relación con un sabotaje español. Es el caso más claro de un relato causal fabricado a posteriori para justificar una guerra ya deseada por una parte de la opinión pública y de la prensa.
El primer incidente del golfo de Tonkín, el 2 de agosto de 1964, un enfrentamiento real entre el USS Maddox y lanchas torpederas norvietnamitas, en efecto tuvo lugar. El segundo, el del 4 de agosto, sobre cuya base el Congreso votó la resolución que autorizaba a Johnson a hacer la guerra sin declaración formal, se basa en datos de sonar y radar que hoy la mayoría de los historiadores, sobre la base de documentos desclasificados de la NSA, consideran mal interpretados. El ataque no ocurrió tal como se informó a Washington, y algunos responsables ya dudaban de ello en su momento.
Pearl Harbor y el 11 de Septiembre pertenecen a otra categoría. En ambos casos se trata de ataques reales llevados a cabo por un actor extranjero claramente identificado, documentados de manera extremadamente detallada por investigaciones independientes (comisiones del Congreso sobre Pearl Harbor, la Comisión del 11-S, informes del NIST sobre el derrumbe de las torres). Algunas teorías afirman que la administración Roosevelt lo sabía de antemano y dejó que ocurriera, para hacer virar a una opinión pública mayoritariamente opuesta a la entrada de Estados Unidos en la guerra, pero siguen siendo minoritarias y se basan en indicios mucho más frágiles que los que documentan la fabricación del segundo incidente de Tonkín o el error de atribución de la explosión del Maine. Su carácter de acontecimientos orquestados sigue dando tela que cortar a historiadores profesionales y aficionados (ciudadanos).
El verdadero punto en común entre estos cuatro episodios reside en su mecanismo. Todos sirvieron para acelerar y legitimar, en la urgencia y la emoción, orientaciones que sectores del aparato estatal ya habían empezado a preparar o a desear incluso antes de que ocurriera el acontecimiento: la expansión colonial usamericana en el Caribe ya se discutía antes de la explosión del Maine; la entrada en guerra contra el Eje se volvía cada vez más probable antes de Pearl Harbor, pese al aislacionismo dominante en la opinión pública; la escalada en Vietnam ya estaba planificada por la administración Johnson antes de Tonkín; y el interés de ciertos círculos de la administración Bush por un cambio de régimen en Irak era anterior al 11 de Septiembre.
Palabras finales (provisionales)
El 11 de Septiembre proporcionó, sobre todo, un vocabulario y un arsenal jurídico-militar que distintos actores siguen movilizando para sus propios fines, mucho más allá del contexto inicial. Este legado pesa directamente sobre ciertos conflictos (Irak, Gaza), más indirectamente sobre otros (Xinjiang, Rakhine[1], y en su momento Darfur). Se inscribe en una serie más larga de casus belli usamericanos cuya función política siempre ha importado más que la exactitud del relato inicial. En 2026, más que nunca: «No, no todos somos americanos».
Expediente Khalid Sheikh Mohammed
Identidad y perfil
Khalid Sheikh Mohammed (KSM), pakistaní criado en Kuwait, fue uno de los principales lugartenientes de Osama bin Laden dentro de Al Qaeda. Él mismo se presentó como responsable «de la A a la Z» de la operación del 11 de septiembre ante un tribunal militar, y reivindica también otras operaciones, entre ellas atentados vinculados a Al Qaeda en Bali y en Kenia, así como el asesinato del periodista usamericano Daniel Pearl en Pakistán.
Captura y detención
Captura. Marzo de 2003, en Rawalpindi (Pakistán). La fotografía tomada la noche de su arresto, despeinado y en pijama blanco, sigue siendo su imagen más conocida.
Detención de la CIA (2003-2006). Paso por prisiones secretas de la CIA, en particular en Polonia, donde fue sometido 183 veces a la técnica del waterboarding (ahogamiento simulado) en el espacio de cuatro semanas.
Traslado a Guantánamo. Septiembre de 2006, donde permanece detenido desde entonces.
Cargos
Acusado, junto con sus coacusados, de «terrorismo» y del asesinato de casi 3.000 personas (la cifra precisa manejada por la fiscalía es de 2.753 víctimas) en los atentados cometidos en suelo usamericano.
Coacusados en el juicio de 2028
Cuatro hombres serán juzgados conjuntamente, entre los últimos 15 detenidos de Guantánamo: Khalid Sheikh Mohammed; Walid Muhammad Salih Mubarak bin Attash; Mustafa Ahmed Adam al-Hawsawi y Ali Abdul Aziz Ali, conocido como Ammar al-Baluchi.
Historial procesal
Junio de 2008. Se abre un primer juicio militar; KSM rechaza un abogado de oficio y declara que quiere «ser un mártir».
Enero de 2009. Barack Obama, recién investido, solicita la suspensión de todos los procedimientos de las comisiones militares.
Mayo de 2012. Formalización de la acusación (arraignment) contra los cinco acusados iniciales.
Mayo de 2016. Revelaciones sobre la destrucción deliberada, por parte de un coronel del ejército usamericano, de pruebas destinadas a la defensa de KSM.
2019. El juez Shane Cohen fija una primera fecha de juicio para el 11 de enero de 2021, fecha que nunca se cumplirá.
2024. Se negocian acuerdos de declaración de culpabilidad: KSM y dos coacusados se declaran culpables a cambio de cadena perpetua, lo que les evitaría la pena de muerte.
Agosto de 2024. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, revoca esos acuerdos, bajo presión de críticas republicanas y de familias de víctimas.
Julio de 2025. Un tribunal de apelaciones usamericano invalida definitivamente los acuerdos de declaración de culpabilidad.
26 de agosto de 2026. El juez militar Michael Schrama rechaza la fecha del 11 de enero de 2027 propuesta por la fiscalía, por considerarla poco realista, y fija el juicio para el 5 de junio de 2028.
Nudo jurídico central
El bloqueo del procedimiento desde hace dos décadas se debe esencialmente a una pregunta: ¿son admisibles las confesiones y los elementos incriminatorios obtenidos bajo tortura o coacción? La defensa exige su exclusión pura y simple; el juez consideró que esta cuestión debía resolverse antes de la apertura de cualquier juicio, lo que explica el aplazamiento hasta 2028.
¿Qué fue de los detenidos de Guantánamo?
La magnitud del fenómeno
Desde la apertura del centro el 11 de enero de 2002, han pasado por él unos 780 hombres y adolescentes, casi todos musulmanes, procedentes de una cincuentena de países. La población alcanzó su punto máximo, entre 660 y 680 detenidos, en 2003, antes de iniciar un descenso casi continuo.
Las cuatro grandes trayectorias
1. La gran mayoría fue trasladada o liberada sin juicio
Más de 750 de los cerca de 780 hombres detenidos alguna vez fueron finalmente devueltos a su país de origen, o reasentados en un tercer país cuando ese regreso se consideraba peligroso para ellos. Las duraciones de la detención variaron de unos pocos años a más de dos décadas para algunos. Este movimiento se produjo en oleadas muy desiguales según las presidencias.
Bajo George W. Bush. Más de 500 liberaciones.
Bajo Obama (2009-2017). La población pasa de 242 a 41 detenidos, con 197 traslados adicionales.
Bajo Trump, primer mandato. Casi paralización total de los traslados: un solo detenido trasladado en cuatro años.
Bajo Biden. Nueva oleada de traslados, con un gesto destacado en enero de 2025: once detenidos enviados a Omán apenas unos días antes del final de su mandato, lo que redujo la población a 15 hombres.
2. Solo un puñado fue juzgado
Contrariamente a la imagen a menudo asociada con Guantánamo, muy pocos detenidos comparecieron realmente ante las comisiones militares. Algunos fueron condenados mediante acuerdo de culpabilidad ya en la década de 2000; el caso más emblemático sigue siendo el de Ali Hamza al-Bahlul, condenado a cadena perpetua en 2008, algunos de cuyos cargos fueron posteriormente invalidados en apelación. El expediente de Khalid Sheikh Mohammed y sus coacusados ilustra, por el contrario, la extrema lentitud de este mecanismo judicial.
3. Una detención indefinida sin imputación para algunos
Es la categoría más contestada jurídicamente: hombres nunca formalmente acusados de un delito, pero mantenidos en detención en virtud del derecho de la guerra (law-of-war detention), sobre la base de un estatuto de «combatiente enemigo» en lugar de un proceso penal.
4. Muertes bajo custodia
Se han registrado nueve muertes a lo largo de los años dentro del recinto del centro, incluidos varios suicidios, entre ellos el triple suicidio de junio de 2006, que provocó una viva controversia internacional.
La situación actual (2026)
Guantánamo entró en su vigesimoquinto año de existencia en enero de 2026. Hoy permanecen allí quince hombres, de entre 46 y 64 años aproximadamente, procedentes en particular de Afganistán, Indonesia, Irak, Libia, Pakistán, Arabia Saudita, Somalia y Yemen, además de un rohinyá apátrida y un palestino. Sus situaciones jurídicas se reparten en tres grupos: un pequeño número formalmente aprobado para un traslado pendiente de ejecución, un grupo más amplio imputado o condenado en el marco de las comisiones militares, entre ellos los cuatro acusados del expediente del 11 de Septiembre, y un puñado detenido indefinidamente sin cargos ni recomendación de liberación.
Los intentos frustrados de cierre
Obama, desde su investidura en enero de 2009, había ordenado el cierre del centro, un objetivo nunca alcanzado, en gran parte debido a las restricciones votadas por el Congreso que prohíben el traslado de detenidos al territorio continental usamericano. Biden retomó ese objetivo al final de su mandato, sin lograrlo tampoco por completo.
Un uso reciente y distinto de la base
Desde 2025, la segunda administración Trump también utiliza una parte de la base de Guantánamo como lugar de tránsito temporal para migrantes en proceso de expulsión, un dispositivo completamente separado de los detenidos de la «guerra contra el terrorismo», con una ocupación que hasta ahora se ha mantenido muy por debajo de las capacidades anunciadas (varios cientos de plazas, para un proyecto presentado inicialmente como capaz de alcanzar las 30.000).
[1]Rakhine (antes llamado Arakán) es un estado del oeste de Myanmar (Birmania), en la bahía de Bengala, fronterizo con Bangladesh. Su capital es Sittwe. Es un antiguo reino que existió de forma independiente durante siglos antes de ser anexionado por los birmanos en 1785, lo que explica una identidad regional todavía marcada hoy en día. Su población es mayoritariamente budista, de la etnia rakhine, pero también contaba con una importante minoría musulmana rohinyá, concentrada en el norte del estado, cerca de la frontera con Bangladesh. Fue esta minoría a la que la ley birmana de ciudadanía de 1982 privó de la nacionalidad, dejándola apátrida, y a la que el ejército birmano atacó durante las operaciones de 2016 y 2017 mencionadas en el artículo: más de 700.000 personas huyeron a Bangladesh, donde la mayoría vive desde entonces en inmensos campamentos cerca de Cox’s Bazar. Es esta misma campaña la que es objeto del caso Gambia contra Birmania ante la Corte Internacional de Justicia.
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